Bienvenido al club, Albert

20080519 – Me complace comprobar que un ciudadano de la talla intelectual y de la calidad humana como Albert Boadella, entiende racionalmente y se atreve a hacer público, la gran chapuza conceptual y política que ha significado la inclusión de las actuales Comunidades Autónomas en nuestro ordenamiento jurídico-administrativo.

Según mis datos, es la primera vez que Albert Boadella hace público en una declaración al diario “La Nación”de fecha 08 de Mayo de 2008, su opinión sobre la validez del “Estado de las Autonomías” como panacea a los problemas seculares de identidad nacional que han planteado algunas minorías sociales en nuestro país.
Un servidor lleva manifestando esta opinión desde hace años, y la última vez que lo hice por escrito fue vía E-mail a Carlos Martínez Gorriarán, con motivo del anuncio por parte de la dirección de UPyD de la propuesta de reforma de la vigente constitución y ley electoral.

De todas formas, no somos los únicos ciudadanos españoles que pensamos de este modo, pues estoy constatando que día tras día es mayor el número de conciudadanos que se declaran abiertamente contra la existencia y función de estos “Taifa” en el conjunto de instituciones del Estado Español.

Como he referido anteriormente. En mi escrito a Gorriarán, indicaba la necesidad de valernos de una futura reforma de nuestra vigente Constitución, para eliminar esta Institución de nuestro ordenamiento jurídico-administrativo, o por lo menos con las prerrogativas y potestades de que dispone actualmente.
Pues si lo que pretendemos es aprovechar las ventajas que en teoría puede ofrecer para los ciudadanos un Estado descentralizado, para optimizar la inversión de los recursos económicos y la utilización de las infraestructuras públicas, así como facilitar el acercamiento y la relación entre los ciudadanos y las distintas administraciones públicas; estos treinta años de experiencia autonómica en España han demostrado que no han servido para cumplir ni por asomo estos objetivos, sino que al revés, ha servido para generar enfrentamientos entre ciudadanos creando conflictos políticos donde no los había, y que nos recuerdan con demasiada similitud a periodos de nuestra más reciente historia, no muy gratos de recordar.

A mi entender, la descentralización administrativa del Estado debe de hacerse directamente hacia los municipios. No solamente por motivos de objetividad y eficiencia administrativa, si no también, por interés y derechos políticos de los ciudadanos.
El único límite a una descentralización administrativa directa Estado-Municipios, vendría determinado por la capacidad objetiva y el grado de eficacia que demostraran las corporaciones locales durante un tiempo de prueba, para aplicar y desarrollar cada una de las competencias recibidas, y al grado de satisfacción expresado por los ciudadanos en cuanto a la calidad y efectividad de los servicios recibidos por parte de sus ayuntamientos.

Así mismo, la descentralización administrativa hacia los municipios no puede consistir en una permanente reivindicación unidireccional Municipio-Estado y la continua mendicidad de financiación económica como está ocurriendo actualmente con algunas autonomías, sino que el Estado obligaría a los municipios a asumir todas y cada una de las competencias administrativas que no considere estratégicas o primordiales para el correcto funcionamiento de este, desde una perspectiva de eficiencia administrativa y economía de medios, y que mantenga el principio de igualdad y solidaridad entre todos los Españoles.

Si queremos establecer de una vez para siempre, unos principios de financiación de los entes públicos, partiendo de una base económicamente sólida y objetiva; dotando de suficiente capacidad económica a los mismos y sin posibilidad de que surjan posteriores agravios comparativos entre territorios sobre quién da o recibe más , tenemos que estimar un índice económico como puede ser el 50% del P.I.B. real municipal.
Claro está, que este porcentaje sería un máximo que variaría en función del número y cualidad de las competencias transferidas. Al que habría que sumar al menos el 50% de las ganancias netas obtenidas por cada sucursal u oficina de las Cajas de Ahorro que operen dentro del territorio municipal. ( pues en base al estatuto jurídico-administrativo de que gozan estas entidades financieras en todo el Estado, no podemos permitir que la riqueza generada en el ámbito financiero de los municipios y a costa de sus ciudadanos, se desvíe a otros territorios o a otros fines que no beneficien directamente a estos)

Con el traspaso de competencias administrativas a los municipios y la referida dotación económica, solventamos de paso uno de los problemas o reivindicaciones de financiación planteados por algunas de las regiones más dinámicas socialmente y prosperas económicamente del país. Reivindicaciones, que por otra parte me parecen justas e inciden indirectamente de alguna forma en lo que debería de ser el estatuto jurídico y sentido de responsabilidad social que debe de imperar en los cargos públicos de sociedades avanzadas social y económicamente como la nuestra.

Pues no tenemos ningún derecho moral ni político para exigirles a nuestros conciudadanos de otras regiones de España, que nos financien indefinidamente por medio de los presupuestos generales del Estado, para poder mantener por nuestra parte un nivel de vida que por méritos propios no nos correspondería.
Y no podemos seguir apoyando la filosofía de dar de comer al pobre siempre a costa del bolsillo del contribuyente (hay que regalarle la caña y enseñarlo a pescar) pues lo contrario nos aboca a situaciones y actitudes como las que se están dando actualmente en muchos ayuntamientos y algunas “Taifa” de nuestro país (el caso mas escandaloso es el de la Andaluza, una Comunidad Autónoma con el mayor potencial humano y económico de toda España, y que con la inyección de dinero público que ha recibido durante todos estos años de auto-gobierno, debería de ser la locomotora económica del país y el primer contribuyente neto a las arcas del Estado, muy por encima de Madrid, Cataluña, Valencia, etc. y sin embargo es uno de los vagones de cola, y quizá el primero en donde se está generalizando con la anuencia y una complacencia-resignación de los ciudadanos, el caciquismo político, al más puro estilo del periodo histórico de nuestra Restauración).

Además, los ciudadanos deberíamos exigir, que las corporaciones locales funcionen con mentalidad empresarial. Tenemos que desechar de nuestra mentalidad social, la concepción decimonónica que tenemos aún de lo que es y a quién tiene que servir una administración municipal en un País, dotado de un sistema político democrático como el nuestro. Obligando de esta forma a los políticos electos a demostrar su capacidad de gestión política y económica sobre los recursos materiales y humanos de que disponen, y a los ciudadanos a tomar conciencia que no pueden votar solamente unas siglas políticas, sino que si desean prosperar y disfrutar de un mayor grado de bienestar social, deben elegir y trabajar a su vez por mejorar en sus actividades económicas con el apoyo de sus gestores públicos.

Por lo tanto el sistema compensatorio de distribución de la riqueza generada en todo el País, se debería hacer a dos niveles: uno provincial (inter-ayuntamientos) y otro estatal (inter-provincias).
Mi propuesta es convertir las Diputaciones provinciales en órganos colegiados formados por todos y cada una de los alcaldes electos de la provincia, los cuales tendrían potestad para decidir sobre ordenación y financiación de sus municipios y serian el interlocutor entre los municipios y el Gobierno de la nación.

De todas formas, todas estas ideas político-sociales, si se visualizan individualmente pueden parecer simples pinceladas en un lienzo en donde deseamos plasmar el espíritu idealista y futurible de un Estado Democrático y de Derecho formado por ciudadanos que suponemos informados y con una capacidad de raciocinio digna de un “Homo sapiens” enclavado en el momento evolutivo del primer cuarto del siglo XXI de la historia de la humanidad, pero adquieren otra dimensión y objetividad al contemplarse dentro de un diseño constitucional que constituye por si mismo un sistema jurídico y que formal y conceptualmente si está a la altura del momento histórico humano en que nos encontramos.

¡¡¡Democracia ya!!!, ¡¡¡Listas abiertas y segunda vuelta ya!!!


Juan Artero Ortega